La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la presentación de un proyecto de ley de amnistía general para presos políticos ante la Asamblea Nacional, marcando uno de los anuncios más relevantes del año en materia de justicia. La iniciativa busca abarcar a personas detenidas por razones políticas desde 1999 hasta la actualidad, cubriendo los últimos gobiernos chavistas y reflejando un cambio significativo en la política carcelaria del país.
Durante un acto oficial celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez subrayó que la amnistía no solo liberará a presos privados de libertad por motivos políticos, sino que también podría borrar las causas penales en su contra, lo que va más allá de las excarcelaciones parciales que se han observado recientemente.
La mandataria encargada instó a que el proyecto legal evite la violencia, la venganza y el odio, promoviendo la convivencia pacífica entre los venezolanos ante años de confrontación política interna. Rodríguez aseguró que él y el presidente Nicolás Maduro consensuaron la decisión y que buscan reparar las heridas que causó la polarización y contribuir a la reconciliación nacional.
La propuesta excluye a quienes hayan sido procesados o condenados por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas o violaciones de derechos humanos, según explicó en su intervención. Organizaciones como Foro Penal estiman que aún hay cientos de presos políticos en cárceles venezolanas, aunque el gobierno ha ofrecido cifras más altas de liberaciones recientes.
Adicionalmente, Rodríguez anunció la clausura del temido centro de detención El Helicoide en Caracas, conocido por denuncias de abusos y torturas, y su transformación en un espacio dedicado a servicios sociales, deportivos y comunitarios.
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Reacciones entre esperanza y reservas
El anuncio ha generado una mezcla de esperanza y cautela tanto en las familias de los detenidos como en organismos internacionales. Algunos familiares expresaron alegría por la posibilidad de reunirse con sus seres queridos tras años de separación y incertidumbre. Sin embargo, defensores de derechos humanos han marcado reservas sobre la transparencia del proceso, advirtiendo que falta información concreta sobre los criterios de elegibilidad y la implementación efectiva de la ley.
La Asamblea de mayoría oficialista debatirá en los próximos días la amnistía y el cierre de El Helicoide, mientras observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el contexto político tenso.
