La violencia en América Latina y el Caribe se prevé que aumente durante 2026, alertó este jueves la oenegé Acled, tras analizar las tendencias recientes de conflictos. El informe indica que la región enfrentará un incremento de actividades ilícitas y la respuesta militarizada de los gobiernos, impulsada por la presión de Estados Unidos. Según Acled, los enfoques de mano dura se han popularizado en países como Jamaica, Honduras y El Salvador, y podrían replicarse en otras naciones afectadas por el crimen organizado.
El documento de la oenegé señala que la administración de Donald Trump ha priorizado la seguridad de sus intereses en América Latina, combinando la lucha contra el narcotráfico con medidas migratorias. Washington ha reforzado su presencia militar en el Caribe y aumentado su presión normativa sobre grupos criminales, además de intensificar las sanciones y advertencias a países considerados hostiles, como Venezuela. Esta estrategia ha generado un cambio en la retórica regional, motivando a varios países a adoptar políticas de seguridad más duras y a declarar grupos criminales como organizaciones terroristas.
Para Acled, la expansión de políticas militarizadas podría extenderse a naciones que recientemente han pasado por procesos electorales, como Bolivia y Honduras, o que celebrarán comicios en 2026, como Colombia, Perú y Brasil. El informe advierte que la creciente presión internacional podría intensificar los conflictos internos, y que los Estados podrían convertirse en los actores principales de la violencia, aumentando el riesgo de abusos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La oenegé subraya que los grupos armados han demostrado capacidad de adaptación, incluso ante la intensificación de operaciones militares, lo que podría complicar los esfuerzos de los gobiernos para restablecer la seguridad.
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Mano dura y riesgos humanitarios
Acled advierte que la militarización frente al crimen organizado se traducirá en un mayor despliegue de fuerzas y poderes de emergencia, con la posibilidad de restringir derechos y libertades civiles. Países como Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago ya han seguido la línea estadounidense, declarando a ciertos grupos criminales como terroristas, lo que refleja la influencia directa de la política de Washington. Esta estrategia busca desmantelar redes ilícitas y proteger intereses económicos, pero podría derivar en violaciones a los derechos humanos, advirtió la organización.
Los gobiernos que adopten estas políticas enfrentan el desafío de equilibrar la seguridad con la protección de la ciudadanía, ya que la mano dura puede generar tensiones sociales y reacciones adversas en la población. Acled enfatiza que la internacionalización del crimen organizado ha complicado la labor de los Estados, obligándolos a coordinar con fuerzas extranjeras y aplicar estrategias más agresivas. La oenegé concluye que la violencia no desaparecerá por completo y que la presión de Estados Unidos puede generar un efecto contraproducente, incrementando la capacidad de adaptación de los grupos armados y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
En 2026, América Latina y el Caribe enfrentan un panorama complejo, donde la combinación de medidas militares, presiones internacionales y crimen organizado podría marcar un año de aumento significativo de la violencia. La oenegé Acled recomienda monitoreo constante, transparencia y estrategias equilibradas, para evitar que los Estados se conviertan en protagonistas de los abusos que buscan combatir.
