La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo volvió al centro del debate internacional luego del viaje de la presidenta interina venezolana a La Haya para comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un proceso que se desarrolla en los Países Bajos este 2026.

El hecho involucra a la administración venezolana encabezada por Delcy Rodríguez, quien viajó para defender la posición del país en la audiencia sobre la soberanía del territorio en disputa, en un caso que enfrenta a ambos Estados por más de un siglo de reclamaciones históricas. El proceso se desarrolla ante la máxima instancia judicial de la ONU, donde se discute la validez de tratados y la delimitación fronteriza. 

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Una disputa histórica que escala en tribunales internacionales

El eje del conflicto gira en torno a los 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, una región administrada actualmente por Guyana, pero reclamada por Venezuela. Georgetown sostiene la validez del laudo arbitral de 1899, mientras Caracas insiste en que el Acuerdo de Ginebra de 1996 establece la base para una solución negociada.

La presencia de Venezuela en La Haya se da en medio de audiencias clave donde ambas partes exponen sus argumentos legales. La delegación venezolana reafirma que el territorio forma parte de sus derechos históricos, mientras Guyana busca el reconocimiento definitivo de sus fronteras actuales.

El caso ha ganado relevancia internacional por el hallazgo de importantes recursos petroleros en la zona, lo que ha intensificado el interés geopolítico en la región y elevado la tensión diplomática entre ambos países.

Durante el proceso, la CIJ analiza si tiene competencia para emitir un fallo definitivo sobre el litigio, un punto que Venezuela ha cuestionado en varias ocasiones. Aun así, ambas naciones continúan participando en las audiencias.

La disputa no solo representa un conflicto bilateral, sino también un caso emblemático sobre límites coloniales, recursos naturales y soberanía territorial en América del Sur. El resultado del proceso podría redefinir el mapa político de la región. Mientras se esperan decisiones finales del tribunal, el caso sigue generando atención global por su impacto potencial en la estabilidad regional y en la explotación de recursos estratégicos en el atlantico.