Una nueva fase del conflicto territorial entre Venezuela y Guyana se desarrolla en La Haya, donde el país sudamericano defendió ante la Corte Internacional de Justicia su derecho “irrenunciable” sobre el Esequibo. En medio de audiencias clave, representantes venezolanos expusieron su postura histórica frente a un diferendo que se remonta al siglo XIX y que hoy adquiere una dimensión estratégica por su riqueza petrolera.

Durante la jornada, el representante venezolano Samuel Moncada sostuvo que los derechos del país sobre ese territorio no pueden ser cuestionados, insistiendo en que la defensa se hará por vías pacíficas. La intervención se dio en el marco de un proceso judicial que busca determinar la validez de la frontera fijada en 1899, cuando Guyana era aún colonia británica.

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Un territorio clave en disputa

El caso ha cobrado mayor relevancia en los últimos años tras el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo en aguas cercanas al Esequibo. Este hallazgo ha impulsado el crecimiento económico de Guyana y ha intensificado el interés geopolítico sobre la zona, elevando también el nivel de tensión entre ambas naciones.

En ese contexto, Guyana sostiene que el territorio en disputa forma parte esencial de su soberanía actual, ya que representa más de dos tercios de su extensión. Sus autoridades han advertido que cualquier cambio en la delimitación afectaría de manera profunda la estructura del país.

Por su parte, Venezuela insiste en que la frontera debe definirse con base en acuerdos posteriores, como el firmado en 1966, previo a la independencia guyanesa. Según esta visión, el río Esequibo constituye el límite natural, lo que ampliaría significativamente el territorio reclamado por Caracas.

A pesar de la intensidad del debate, la resolución del caso no será inmediata. Aunque las audiencias concluirán en los próximos días, la Corte podría tardar meses o incluso años en emitir un fallo definitivo. Además, aunque sus decisiones son vinculantes, el organismo no cuenta con mecanismos directos para obligar a su cumplimiento.

Mientras tanto, el proceso mantiene en alerta a la comunidad internacional, que observa con cautela un conflicto que, aunque se desarrolla en el ámbito legal, tiene implicaciones políticas, económicas y territoriales de gran alcance.