En medio de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, un informe del The New York Times reveló una red de corrupción masiva en el sector petrolero venezolano, basada en datos internos de PDVSA y bancos oficiales.
Una investigación expone cómo, durante los últimos años del régimen de Nicolás Maduro, una parte significativa de los ingresos petroleros habría pasado por estructuras opacas que el poder político y familiar en Caracas utilizó para desviarlos.
El reportaje detalla que por cada dos dólares generados por la venta de petróleo, uno habría sido robado, evidenciando la magnitud del desfalco en la principal industria del país. El análisis se centra en operaciones realizadas entre 2019 y 2022, periodo en el que se habrían registrado miles de transacciones sin control estatal efectivo.
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Red de poder, petróleo y pérdidas millonarias
Según el informe, empresas fantasma vinculadas a Carlos Malpica Flores habrían exportado petróleo por más de 11.000 millones de dólares sin que esos ingresos llegaran a PDVSA. El documento señala que estas operaciones representaron una pérdida aproximada de 13.000 millones de dólares para el Estado venezolano.
Las investigaciones internas de la petrolera estatal detectaron cerca de 240 buques cargados de crudo que salieron del país sin registro de pago oficial, lo que refuerza la hipótesis de un sistema estructurado de desvío de recursos. Estos movimientos habrían violado la legislación venezolana que establece el control exclusivo de PDVSA sobre la riqueza petrolera nacional.
El informe describe a Malpica Flores como una figura clave dentro del esquema, con acceso directo a decisiones estratégicas en la gestión de la renta petrolera del país. Su ascenso dentro de la estructura estatal le habría permitido controlar operaciones financieras de alto nivel en el sector energético.
Tras la caída del gobierno de Maduro, se señala que algunos de estos esquemas habrían continuado operando de forma discreta bajo nuevas administraciones. El reporte también advierte que parte de los actores involucrados seguirían obteniendo beneficios mediante empresas privadas relacionadas con servicios petroleros.
Finalmente, el documento destaca que Estados Unidos busca atraer inversión al sector energético venezolano, condicionando la confianza empresarial a la garantía de seguridad jurídica en el país. El caso expone la compleja relación entre política, petróleo y poder en una de las mayores reservas energéticas del mundo.
