Más de un año después de que el Parlamento de Aruba aprobara por unanimidad una moción para implementar cámaras corporales (bodycams) y cámaras para patrullas (dashcams) en el Cuerpo Policial, el proyecto sigue sin ejecutarse.
El señalamiento fue realizado por el parlamentario Eduard Pieters, del PPA, quien cuestionó que el Gobierno aún no haya puesto en marcha una decisión respaldada por todas las fracciones legislativas. El tema volvió al debate público durante el programa Enfoke, donde el legislador insistió en la necesidad de cumplir con lo aprobado desde marzo de 2025.
Pieters aseguró que la falta de avances no solo retrasa una medida de seguridad, sino que también refleja un problema institucional relacionado con el cumplimiento de las decisiones parlamentarias. Recordó que la moción solicitaba destinar recursos para adquirir la tecnología necesaria. Sin embargo, afirmó que más de un año después la Policía todavía no cuenta con estos equipos, pese a que la propuesta recibió apoyo unánime dentro del Parlamento.
PPA asegura que propuso una alternativa para financiar el proyecto
Durante su intervención, el parlamentario explicó que el PPA presentó una enmienda al presupuesto nacional cuando observó que no se habían asignado recursos para la compra de las cámaras. La propuesta planteaba utilizar ingresos extraordinarios generados por el proceso de regularización, conocido como pardonregeling, para financiar la adquisición de bodycams y dashcams destinadas al Cuerpo Policial.
Según Pieters, la intención era aprovechar recursos adicionales para fortalecer las herramientas de trabajo de los agentes y mejorar la seguridad pública. En ese sentido, sostuvo que existían alternativas de financiamiento y que el principal obstáculo ha sido la falta de ejecución por parte del Gobierno.
El legislador también recordó que, tras la aprobación de la moción, representantes del PPA visitaron el Cuerpo Policial para conocer el funcionamiento de estos sistemas. Durante ese encuentro, agentes explicaron que las cámaras corporales ayudan a documentar intervenciones policiales, ofrecen mayor protección tanto para ciudadanos como para funcionarios y facilitan el esclarecimiento de incidentes.
Asimismo, indicaron que las cámaras instaladas en los vehículos policiales permiten registrar persecuciones, accidentes y otras actuaciones operativas, generando evidencia que puede respaldar investigaciones e informes oficiales.
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El PPA afirma que el proyecto sigue sin materializarse
De acuerdo con Pieters, el Gobierno informó en su momento que un plan piloto iniciaría en julio de 2025, fecha en la que el Cuerpo Policial comenzaría a recibir los equipos. Sin embargo, sostuvo que ese plazo ya transcurrió y que la implementación continúa pendiente.
Para el parlamentario, el retraso trasciende el tema tecnológico y pone sobre la mesa el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo. En su opinión, cuando una moción aprobada de forma unánime no se ejecuta, también se debilita el papel del Parlamento como institución representativa.
Pieters concluyó que la incorporación de bodycams y dashcams representa una inversión en transparencia, seguridad y confianza entre la Policía y la ciudadanía. Además, reiteró que el Gobierno debe demostrar con acciones el respeto por las decisiones aprobadas por el Parlamento, especialmente cuando cuentan con el respaldo unánime de los legisladores.
