La tensión aumentó el martes por la noche en Aruba por el futuro de las rutas para UTV y ATV en la costa norte. Mientras el sector continúa protestando y exigiendo una solución, Aruba Birdlife Conservation (ABC) confirmó que no retirará el caso judicial contra el Gobierno.
El procedimiento está programado para el jueves 10 de septiembre a las 10:00 de la mañana y está relacionado, entre otros puntos, con el paso y uso de la costa norte para tours de UTV y ATV. La decisión de ABC mantiene abierto el proceso mientras aumenta la presión para encontrar una salida mediante el diálogo.
Ante este escenario, el Gobierno de Aruba solicitó formalmente al Tribunal de Primera Instancia aplazar el caso presentado por ABC. La petición responde al compromiso asumido con los guías y operadores del sector para crear más espacio para negociar antes de que el conflicto llegue a una decisión judicial.
El ministro de Vivienda, Infraestructura, Servicio Interno y Telecomunicaciones, René Herdé, confirmó que el Gobierno cumplió con esa promesa. Según explicó, las autoridades quieren tomar en cuenta las preocupaciones de los operadores sobre la continuidad de sus actividades y fuentes de trabajo.
El objetivo, sostuvo el Gobierno, no es enfrentar la actividad económica contra la protección de la naturaleza, sino encontrar una forma organizada y legal de permitir la convivencia entre ambas necesidades.
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Gobierno busca más tiempo para negociar
El primer ministro Mike Eman y Herdé habían señalado previamente que abrirían un espacio adicional para las negociaciones. Ahora, el Gobierno sostiene que cumplió ese compromiso al solicitar oficialmente el aplazamiento del proceso.
El abogado del Gobierno presentó la solicitud ante el Gerecht in Eerste Aanleg, donde estaba previsto celebrar la audiencia este jueves. El tribunal pidió conocer la posición de las partes antes de decidir sobre el aplazamiento.
La Fundación Parques Nacionales de Aruba (FPNA) informó que no tiene objeciones a la solicitud. ABC, en cambio, manifestó su oposición a posponer el procedimiento.
Al momento de conocerse la solicitud, las posiciones formales de las partes todavía no habían sido presentadas ante el tribunal. Por ahora, corresponde al juez determinar si concede el tiempo adicional solicitado por el Gobierno.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que prefiere que las partes alcancen un acuerdo mediante el diálogo, en lugar de que el tribunal tenga que resolver el conflicto.
El Gobierno también mantiene abierta la invitación a ABC para retomar las conversaciones. Además, algunas empresas del sector ya firmaron una carta de cooperación en la que se comprometen a respetar la naturaleza.
Herdé afirmó que la protección ambiental es una responsabilidad compartida con el sector, pero señaló que también deben considerarse los empleos y medios de vida vinculados a las actividades de UTV y ATV.
La decisión sobre el aplazamiento queda ahora en manos del tribunal, mientras las protestas, la presión del sector y las negociaciones continúan abiertas.
