La regularización de trabajadores indocumentados podría generar Afl. 26,1 millones en costos adicionales de salud cada año, según una estimación incluida en un reciente informe del Banco Central de Aruba (CBA). Ante este escenario, la fracción de MEP solicitó explicaciones a la ministra de Salud Pública, Mervin Wyatt-Ras, sobre las posibles consecuencias para el fondo del AZV.
El cálculo aparece en el Economic Outlook, Real Sector del CBA y toma como referencia la eventual incorporación de unas 5.800 personas regularizadas como nuevos asegurados del AZV. MEP busca conocer cómo afectaría ese aumento de afiliados a las finanzas del fondo y qué capacidad existe para absorber un eventual incremento estructural de los gastos médicos.
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Preguntas sobre el futuro financiero del AZV
Entre los puntos planteados por la fracción parlamentaria está la capacidad del AZV para asumir el posible costo adicional de forma permanente. MEP también quiere saber si actualmente existe suficiente margen financiero para cubrir ese gasto sin generar nuevas presiones sobre el fondo.
Las preguntas también buscan determinar quién asumiría eventualmente los costos adicionales derivados de la incorporación de los nuevos asegurados. Además, la fracción solicita comparar ese posible gasto con los ingresos que podrían generarse mediante las primas del AZV y otras contribuciones asociadas a las personas regularizadas.
El posible aumento de los gastos sanitarios plantea, además, interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema. Por ello, MEP pidió al ministro explicar qué medidas concretas contempla el Gobierno para evitar que una mayor presión financiera termine afectando el funcionamiento del AZV.
La fracción también plantea la posibilidad de que un incremento significativo de los costos pueda tener consecuencias sobre la calidad y accesibilidad de la atención médica. El objetivo de las preguntas es obtener mayor claridad sobre el impacto que tendría la regularización de trabajadores en las finanzas del sistema sanitario.
MEP espera recibir las respuestas del ministro dentro de tres semanas, plazo acordado con el presidente del Parlamento. La información deberá permitir precisar cómo se proyecta manejar el posible impacto financiero señalado por el CBA.
