El conflicto entre operadores de UTV y ATV, el Gobierno de Aruba y organizaciones de conservación ambiental ha puesto sobre la mesa una pregunta que durante años no ha tenido una respuesta suficientemente clara: ¿por cuáles caminos pueden circular legalmente estos vehículos dentro de las áreas naturales de la isla?

La discusión cobró fuerza tras el cierre de rutas en la zona norte, particularmente en el trayecto entre California Lighthouse y Alto Vista, utilizado durante años por operadores turísticos. Mientras las empresas reclaman alternativas para mantener sus actividades, organizaciones ambientales cuestionan el impacto de los vehículos sobre espacios naturales y exigen que se cumplan las normas de protección territorial.

El Plan de Ordenamiento Territorial con Reglamentos (ROPV por sus siglas en holandés), vigente desde 2021, establece diferentes categorías de uso del territorio, entre ellas Natuurgebied (Zona Natural) y Natuur en landschap (Naturaleza y paisaje), destinadas a preservar valores naturales y paisajísticos.

El ROPV tampoco concede una autorización general para que vehículos motorizados circulen por estas áreas. Los artículos 13 y 14 permiten su circulación únicamente por caminos o vías específicamente designados para ese propósito por el administrador correspondiente.

El problema está en saber cuáles son esas rutas

La existencia de un camino dentro de un área natural no significa automáticamente que pueda utilizarse para excursiones motorizadas. Según el ROPV, la circulación depende de una designación específica y de las condiciones establecidas para cada zona.

Dentro del Parque Nacional Arikok, además, el acceso de UTV y ATV está prohibido desde el 2020. Este antecedente demuestra que las condiciones de circulación pueden variar según la zona y la autoridad responsable de su administración.

El problema tampoco se reduce a determinar si un vehículo tiene permiso para operar comercialmente. El uso de cada ruta debe responder a la clasificación territorial, las reglas del ROPV y las decisiones del administrador correspondiente.

Las restricciones, sin embargo, no han impedido el tránsito por algunas zonas. Barreras y grandes piedras colocadas para cerrar accesos han sido movidas en determinados puntos, permitiendo nuevamente el paso de vehículos. La situación plantea otro problema: no basta con cerrar una ruta si posteriormente no existe vigilancia ni control para hacer cumplir la medida.

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¿Quién responde por los daños?

Los operadores argumentan que necesitan continuar trabajando para sostener a sus familias y que cuentan con permisos para ejercer su actividad. Ese argumento, sin embargo, no resuelve otra responsabilidad: quién asume los daños que la actividad pueda ocasionar.

Propietarios de terrenos afectados aseguran que llevan años soportando el tránsito de estos vehículos y las consecuencias sobre sus propiedades. Mientras los operadores cobran por las excursiones, los costos de reparar los daños no pueden terminar recayendo sobre propietarios o sobre el patrimonio natural de Aruba sin que exista un responsable claramente identificado.

Ahí está uno de los puntos que el Gobierno todavía debe aclarar.

El propio Gobierno ha reconocido anteriormente que el uso de UTV y ATV puede provocar daños a la flora, fauna y características geomorfológicas, además de polvo, ruido y afectaciones materiales.

Mientras los tours generan ingresos comerciales, permanece pendiente una pregunta incómoda: ¿quién asume los costos cuando la actividad provoca daños en terrenos naturales o propiedades?

El debate, por tanto, no debería reducirse a escoger entre empleo y conservación.

El derecho a trabajar y desarrollar una actividad turística no puede interpretarse como un derecho a utilizar cualquier camino disponible.

Si Aruba quiere mantener los tours de UTV y ATV, el Gobierno debe definir públicamente por dónde pueden circular, cuántos vehículos pueden hacerlo, bajo qué condiciones y quién responderá por los daños.

Después de años de conflicto, la solución ya no puede depender de tolerancia, interpretaciones o rutas utilizadas por costumbre. Se necesitan reglas claras, control efectivo y protección real de las áreas naturales y propiedades afectadas.