Una jueza de Bogotá levantó este miércoles la suspensión general de los bombardeos contra campamentos guerrilleros en Colombia, permitiendo que las operaciones aéreas puedan reanudarse. La decisión, sin embargo, exige mayores precauciones cuando exista información sobre menores reclutados dentro de las estructuras armadas.
El fallo modifica la medida adoptada el 2 de septiembre, cuando otro despacho judicial ordenó suspender temporalmente los ataques aéreos contra campamentos rebeldes en todo el país. La nueva decisión establece que las Fuerzas Militares podrán continuar estas operaciones, pero deberán considerar especialmente la posible presencia de niños y adolescentes.
La sentencia exige aplicar “un estándar reforzado de precaución” cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre menores reclutados. La medida busca establecer condiciones para que las operaciones militares tengan en cuenta las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario.
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Guaviare mantiene suspendidos los ataques
La autorización no se aplica por ahora a todo el territorio colombiano. Los bombardeos continúan suspendidos en Guaviare, región amazónica considerada un bastión guerrillero, mientras un juez regional resuelve un proceso judicial independiente relacionado con las operaciones militares.
El debate tiene como uno de sus principales puntos la presencia de menores dentro de los grupos armados. El reclutamiento infantil continúa siendo una práctica habitual en Colombia, y las organizaciones criminales también utilizan redes sociales para atraer a niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo registró 428 casos de reclutamiento de menores durante el año pasado y ha advertido que quienes son incorporados a estos grupos deben ser considerados víctimas. El dato forma parte de la discusión sobre las condiciones que deben cumplir las operaciones militares.
Ower Jimmy Borda, abogado que presentó la tutela contra el Gobierno, señaló a la AFP que las autoridades deben establecer criterios para los bombardeos que estén respaldados por el derecho internacional humanitario.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder el 7 de agosto, mantiene una ofensiva contra los grupos guerrilleros. En un mes, tres bombardeos dejaron seis menores muertos, según la información suministrada.
Estados Unidos mantiene su apoyo a las operaciones colombianas contra el narcotráfico, aunque este miércoles conservó la descertificación de Colombia como aliada antidrogas. La muerte de menores durante bombardeos también ocurrió bajo los gobiernos de Gustavo Petro e Iván Duque.
