Al menos seis presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron y otra persona fue detenida durante un bombardeo ejecutado este miércoles en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia. El presidente Abelardo De la Espriella confirmó el resultado de la operación, aunque advirtió que el número de fallecidos podría aumentar.
El ataque forma parte de la ofensiva del Gobierno colombiano contra las organizaciones armadas que obtienen recursos del narcotráfico y la minería ilegal. La operación se desarrolló en una región selvática considerada una ruta para el tráfico de cocaína, en medio de la estrategia de seguridad impulsada desde que la actual administración asumió el poder en agosto.
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Estados Unidos refuerza la cooperación antidrogas
La acción militar representa el sexto ataque aéreo ordenado por el Gobierno contra organizaciones vinculadas con estas actividades ilícitas. Las operaciones buscan golpear estructuras que financian su actividad mediante economías ilegales y mantienen presencia en distintas zonas del territorio colombiano.
La ofensiva cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que anunció el envío de 300 soldados a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos enfocados en la lucha contra el narcotráfico. La cooperación se produce en un contexto de presión contra las redes que producen y movilizan cocaína hacia mercados internacionales.
Colombia es considerado el mayor productor mundial de cocaína, una droga que llega principalmente a consumidores de Estados Unidos y Europa. En ese escenario, las acciones contra grupos armados y sus fuentes de financiación ocupan un lugar central en la política de seguridad del país.
Sin embargo, la reanudación de los bombardeos contra campamentos del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia por los posibles riesgos para menores reclutados por organizaciones armadas. Esta práctica constituye una preocupación recurrente en el conflicto colombiano, especialmente en regiones donde estos grupos mantienen influencia.
Este miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó una decisión judicial que imponía restricciones a los bombardeos y exigía una “precaución reforzada” cuando existiera información sobre la posible presencia de menores reclutados en los objetivos militares.
La decisión judicial se produce mientras el Gobierno intensifica las operaciones aéreas contra estructuras armadas. El balance inicial del ataque en Chocó es de seis muertos y una persona capturada, pero las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos aumente.
