El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización temporal de Cúcuta, principal ciudad fronteriza con Venezuela. La medida busca contener la escalada de violencia atribuida a grupos armados ilegales que operan en Norte de Santander.
La decisión fue anunciada este jueves, después de varios hechos violentos registrados en la ciudad y sus alrededores. Entre ellos figuran el asesinato de un aspirante a la alcaldía y un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos.
El mandatario informó que la Policía y el Ejército se desplegarán en Cúcuta para reforzar la seguridad. Sin embargo, no precisó cuántos uniformados participarán en el operativo ni cuánto tiempo permanecerá vigente la medida.
De la Espriella explicó que la presencia militar será temporal y estará condicionada a la recuperación del orden público. La decisión convierte a Cúcuta en la segunda ciudad militarizada durante su administración, iniciada el pasado 7 de agosto.
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Grupos armados intensifican los ataques en la región
La primera intervención de este tipo ocurrió en Santa Marta, ciudad turística del Caribe colombiano. En septiembre, el Gobierno ordenó militarizar esa zona después de una serie de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos, atribuidos a una banda narcotraficante.
La situación en Norte de Santander representa un desafío adicional por la presencia de organizaciones armadas. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC mantienen disputas por el control de actividades ilegales.
Entre esas economías se encuentran el narcotráfico y la minería ilegal, que generan recursos para los grupos enfrentados. La tensión también se extiende al Catatumbo, región ubicada a unos 70 kilómetros de Cúcuta y afectada por los cultivos ilícitos.
En los últimos días, esa zona registró atentados y enfrentamientos entre organizaciones armadas. Este jueves, un ataque con un dron cargado de explosivos, atribuido al ELN, dejó tres civiles heridos, según información del gobierno local.
El uso de estos dispositivos por parte de grupos ilegales ha aumentado y genera temor entre los habitantes. La población de la región permanece expuesta a los enfrentamientos y al fuego cruzado entre organizaciones armadas.
La militarización ocurre en medio de la peor crisis de violencia de Colombia en la última década. Paralelamente, el Gobierno impulsa bombardeos contra campamentos guerrilleros, operaciones que han dejado decenas de muertos, incluidos al menos ocho menores de edad.
