Un juez de control de garantías de Colombia solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes examinar la conducta del presidente Abelardo de la Espriella. La petición se produjo durante una audiencia judicial realizada el domingo, después de que el mandatario utilizara expresiones despectivas contra personas detenidas durante operativos de seguridad.
El caso surgió tras la difusión de un video en el que De la Espriella confronta a integrantes de un grupo armado capturados en Antioquia. Entre ellos se encontraba un hombre conocido con el alias de Primo Gay, a quien el presidente llamó públicamente «porquería», «basura» y «miserable asesino». Las imágenes muestran a los detenidos esposados y bajo custodia de integrantes de las fuerzas militares.
La solicitud del juez busca que el órgano legislativo determine si corresponde iniciar una investigación por las declaraciones del jefe de Estado. Esta comisión tiene entre sus funciones examinar posibles delitos cometidos por presidentes colombianos durante el ejercicio de sus cargos.
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El debate sobre la dignidad de los detenidos
Durante la audiencia, el juez cuestionó la manera en que el mandatario se dirigió a los capturados. Según sus palabras, utilizó «expresiones totalmente despectivas» que afectaron la dignidad humana de estas personas, de acuerdo con un fragmento de la diligencia divulgado por medios colombianos.
La controversia se relaciona con una práctica que ha generado cuestionamientos en el país. De la Espriella suele publicar videos en sus redes sociales en los que aparece frente a personas detenidas durante operaciones contra organizaciones armadas. En algunas grabaciones lleva un arma al cinto y se dirige directamente a los capturados, quienes permanecen bajo custodia de las autoridades.
La estrategia de comunicación del presidente ha recibido críticas de sectores de la oposición. Desde la izquierda consideran que estas confrontaciones convierten los procedimientos de seguridad en espectáculos mediáticos, en medio de un conflicto armado que ha marcado a Colombia durante más de seis décadas.
El mandatario también ha aparecido vestido con uniforme militar durante recorridos y en imágenes junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados. Su política de mano dura contra las organizaciones criminales cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.
Por ahora, la petición del juez representa una solicitud para que la comisión legislativa examine los hechos. No constituye por sí misma una declaración de responsabilidad del presidente, ni significa que el Congreso haya abierto formalmente una investigación.





