A partir del 1 de octubre de 2026, las responsabilidades del Servicio de Defensa del Consumidor (SEDECO) pasarán a la Dirección de Asuntos Económicos, Comercio e Industria (DEZHI), tras una decisión adoptada por el Consejo de Ministros. La reorganización modificará la estructura desde la cual el Gobierno atiende asuntos relacionados con consumidores e inquilinos en Aruba.
El cambio concentra estos servicios dentro de un nuevo Departamento de Protección de Inquilinos y Consumidores que funcionará bajo DEZHI. Según el Gobierno, la medida busca reducir la fragmentación, mejorar la coordinación y facilitar una respuesta más rápida ante situaciones que afecten los derechos de los ciudadanos.
La reorganización fue decidida el 28 de agosto de 2026 y forma parte de un proceso de modificación de la estructura gubernamental. Aunque SEDECO dejará de operar dentro de su estructura actual, el Gobierno asegura que los ciudadanos seguirán teniendo acceso a información, orientación y asistencia sobre sus derechos.
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¿Qué pasará con SEDECO y sus servicios?
El cambio también se produce mientras entran en aplicación nuevas responsabilidades vinculadas con la protección administrativa del consumidor. El marco legal correspondiente establece funciones para las instituciones encargadas de atender y supervisar asuntos relacionados con la protección de los consumidores.
Dentro de esta reorganización, el Gobierno ubicará provisionalmente el apoyo operacional a la Huurcommissie en DEZHI. La independencia jurídica de esta comisión, sin embargo, se mantendrá, según la información proporcionada por el Gobierno.
La transición también alcanzará al personal de SEDECO. Todos sus empleados pasarán formalmente a DEZHI el 1 de octubre, mientras que para las funciones que no continúen dentro de la nueva estructura se desarrollarán procesos individuales de mediación y reubicación.
Estos procesos estarán a cargo del Departamento de Recursos Humanos, DEZHI y representantes sindicales de TOPA y SEPPA, quienes han mantenido consultas durante la transición.
El Gobierno también aprobó recursos para fortalecer la nueva estructura. En concreto, se autorizó la contratación de dos consultores adicionales, destinados a apoyar la capacidad operacional del departamento.
Para el ministro de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario, Geoffrey Wever, la integración busca conectar de manera más directa la política económica con la información, orientación y protección de los ciudadanos.
La medida, por tanto, no elimina los servicios dirigidos a consumidores e inquilinos, sino que cambia la estructura gubernamental desde la cual el Gobierno los gestionará a partir del próximo 1 de octubre.
