Aruba enfrenta el reto de establecer una estrategia permanente para prevenir y manejar el sargazo, ante el aumento de los volúmenes registrados en el Caribe durante 2026. El fenómeno ya genera impactos sobre el turismo, la pesca, los ecosistemas, la salud pública y los recursos destinados a la limpieza de las costas.
El parlamentario de la Fracción AVP y presidente de la Comisión del Caribe del Parlatino, Otami Thomasia, llevó el tema al ámbito parlamentario y pidió claridad sobre las medidas que Aruba prepara. Sus preguntas fueron dirigidas a los ministros Mike Eman, encargado de Naturaleza, y Wendrick Cicilia, responsable de Turismo.
Thomasia sostiene que el sargazo no puede continuar tratándose únicamente cuando alcanza las playas. Según planteó, Aruba necesita monitoreo permanente, alertas tempranas, protocolos definidos y cooperación científica para responder antes de que el material llegue a las costas.
La preocupación responde a un escenario regional considerado atípico durante 2026, marcado por grandes cantidades de sargazo. La acumulación puede afectar corales, manglares y pastos marinos, además de generar dificultades para la pesca y el acceso a determinadas playas.
Lea también: Otmar Oduber evalúa apelación tras condena de dos años de prisión
Las responsabilidades que Aruba debe definir
Entre los puntos que Thomasia busca aclarar está la existencia de un plan nacional específico para el sargazo. También pidió conocer qué departamentos asumirían el monitoreo, la coordinación, la recolección, el transporte y el almacenamiento del material.
El parlamentario planteó además preguntas sobre financiamiento y sistemas de alerta temprana, así como sobre los protocolos necesarios para manejar el sargazo de manera segura. El objetivo es determinar si Aruba cuenta con una estructura preparada antes de que aumenten los impactos en la costa.
A nivel regional ya existen mecanismos de cooperación para abordar el fenómeno. La Resolución 7/4 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente plantea fortalecer la cooperación internacional y desarrollar medidas nacionales y regionales frente al sargazo.
El marco del Convenio de Cartagena también contempla elementos como gobernanza, investigación, respuesta operacional, comunicación y financiamiento. Para Thomasia, el desafío consiste ahora en convertir esos acuerdos regionales en capacidad concreta dentro de cada país.
La propuesta también contempla investigar si el sargazo puede convertirse en una fuente de valor económico, mediante tecnología, innovación y cadenas vinculadas con la economía azul. Cualquier aprovechamiento, sin embargo, debería basarse en evidencia científica y medidas de protección ambiental y sanitaria.
Thomasia considera que el Parlamento puede contribuir mediante bases legales, financiamiento y mecanismos de transparencia, para evitar que la respuesta dependa únicamente de medidas adoptadas cuando la emergencia ya está presente.
El planteamiento llega mientras el Caribe enfrenta un fenómeno que no respeta fronteras nacionales. Para Aruba, la discusión ahora se centra en definir responsabilidades, recursos y mecanismos de coordinación antes de que nuevas acumulaciones alcancen sus costas.
