Miles de venezolanos enfrentan ahora otra tragedia: perder definitivamente sus hogares tras los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. El drama se vive especialmente en La Guaira y Caracas, donde brigadas técnicas inspeccionan viviendas para determinar cuáles pueden seguir habitadas, cuáles requieren reparaciones y cuáles representan un riesgo inminente para sus ocupantes.
Las evaluaciones avanzan mediante inspecciones realizadas por ingenieros y arquitectos, quienes clasifican las edificaciones con etiquetas verde, amarilla o roja según el nivel de afectación. Más de 3.600 personas murieron y cientos de construcciones colapsaron o sufrieron daños, mientras miles de familias esperan conocer si podrán regresar a sus viviendas o deberán abandonarlas definitivamente.
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Inspecciones definirán el futuro de miles de familias
En sectores populares como La Lucha, en Catia La Mar, la incertidumbre se convirtió en parte de la rutina diaria. Decenas de familias permanecen en carpas o refugios improvisados mientras aguardan el resultado de las inspecciones, con la esperanza de que sus viviendas puedan ser recuperadas y no sean declaradas inhabitables por las autoridades.
Muchos residentes construyeron sus casas durante años y hoy observan con angustia cómo los daños estructurales amenazan con borrar el patrimonio de toda una vida. Algunas viviendas colapsaron completamente, mientras otras presentan grietas profundas, columnas comprometidas y hundimientos que impiden garantizar la seguridad de quienes las habitan.
Las cifras oficiales indican que 190 edificaciones colapsaron y otras 856 resultaron afectadas, aunque estimaciones elaboradas mediante análisis satelitales plantean que la magnitud de los daños podría ser considerablemente mayor. Paralelamente, brigadas gubernamentales continúan retirando escombros mientras avanzan las evaluaciones técnicas en las zonas más golpeadas por los sismos.
Hasta el momento se han realizado alrededor de 6.000 inspecciones en distintos sectores afectados. Las autoridades informaron que, una vez concluyan las evaluaciones, comenzarán las fases de reparación, rehabilitación y construcción de nuevas viviendas para quienes perdieron completamente sus hogares durante la emergencia.
Especialistas y autoridades locales insisten en que una etiqueta roja no implica automáticamente la demolición de un edificio, sino la necesidad de efectuar estudios técnicos más profundos. Sin embargo, para miles de familias venezolanas el temor persiste, pues su vivienda representa el principal patrimonio construido durante décadas y hoy permanece bajo la amenaza de quedar inhabitable.
