La jornada de instalación del nuevo período legislativo en Venezuela estuvo marcada por detenciones temporales de periodistas, un despliegue de seguridad reforzado y denuncias de restricciones al ejercicio informativo. Mientras el Parlamento iniciaba funciones y se producía la juramentación de una nueva autoridad interina, organizaciones gremiales y de prensa alertaron sobre incidentes que afectaron a trabajadores de medios nacionales e internacionales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que durante el desarrollo de los actos oficiales en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron detenidos. Según el gremio, 13 de los comunicadores pertenecían a medios internacionales y uno a un medio nacional, todos privados de libertad mientras realizaban cobertura informativa.
El sindicato precisó que las detenciones ocurrieron durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional, en un contexto de alta tensión política y movilización social. Las autoridades liberaron a todos los periodistas tras varias horas, aunque posteriormente deportaron a uno de ellos, según la información oficial del gremio.
Además, las autoridades detuvieron en la frontera con Colombia a dos corresponsales internacionales, quienes permanecieron incomunicados durante varias horas antes de liberarlos. El SNTP indicó que las autoridades sometieron a los periodistas a revisiones de equipos, además de solicitar el desbloqueo de teléfonos y la verificación de comunicaciones privadas.
Durante el mismo día, la presencia policial y militar se incrementó en distintos puntos de la capital, coincidiendo con una movilización convocada por sectores afines al chavismo. La manifestación exigía la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos judiciales.
Crecen las alertas por restricciones a la libertad de prensa
Las detenciones y revisiones denunciadas provocaron reacciones de organizaciones internacionales vinculadas a la defensa del periodismo y la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó a las autoridades venezolanas a cesar cualquier acción que limite el trabajo periodístico, recordando que informar no constituye un delito.
En un comunicado, la SIP subrayó que ningún contexto político justifica la intimidación o criminalización de periodistas, incluso durante escenarios de alta conflictividad. Su representante, Martha Ramos, afirmó que el periodismo debe entenderse como un servicio público esencial y no como una amenaza para el Estado.
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El SNTP recordó que la presión sobre los medios no es un fenómeno aislado, señalando que más de 400 medios han cerrado en las últimas dos décadas. Según el gremio, este proceso ocurrió durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, afectando el acceso a información plural y oportuna.
Los hechos ocurridos durante la instalación del Parlamento reavivan el debate sobre las garantías para el ejercicio del periodismo en Venezuela, en un escenario político marcado por cambios abruptos. Mientras tanto, organizaciones nacionales e internacionales mantienen vigilancia sobre el trato a la prensa, en medio de un proceso institucional que sigue generando tensiones internas.
