Más de 50 millones de florines recaudados y una nueva planta que todavía no llega. Ese es el principal cuestionamiento planteado sobre la situación de Aruba Wastewater Sustainable Solutions (AWSS) y la planta de tratamiento de aguas residuales de Bubali.
La denuncia fue expuesta por la líder de MEP, Evelyn Wever-Croes, durante la conferencia de prensa semanal de la formación. Según sostuvo, AWSS recibe importantes recursos mediante el cobro de 20 dólares a cada turista que ingresa a Aruba, mientras la solución estructural anunciada para sustituir la antigua instalación continúa pendiente.
La planta de Bubali fue construida en 1972 para procesar 4.500 metros cúbicos de aguas residuales al día. Actualmente, según la información presentada por MEP, estaría procesando entre 8.000 y 9.000 metros cúbicos diarios, una carga que supera ampliamente su capacidad original.
El problema adquiere mayor dimensión porque el modelo de privatización de RWZI fue planteado justamente para facilitar el financiamiento de una nueva planta con mayor capacidad. El Gobierno había señalado que AWSS necesitaría recursos importantes para desarrollar esa infraestructura.
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Millones recaudados y una solución que sigue pendiente
De acuerdo con el planteamiento de MEP, Aruba recibió aproximadamente 1,5 millones de turistas durante el último año. Con un cobro de 20 dólares por visitante, la recaudación alcanzaría unos 30 millones de dólares, equivalentes a más de 50 millones de florines.
La pregunta que coloca la formación sobre la mesa es qué ha ocurrido con esos recursos y por qué la nueva planta continúa sin materializarse, mientras Bubali sigue enfrentando problemas de capacidad y molestias relacionadas con su funcionamiento.
El propio Gobierno reconoce que la instalación de Bubali ha superado su capacidad de procesamiento debido al aumento inesperado del volumen de aguas residuales. También advierte sobre las consecuencias que esto puede generar para el turismo y la salud pública.
La situación no se limita al mal olor que afecta a sectores cercanos. El sistema de tratamiento de aguas residuales enfrenta una presión creciente, mientras Aruba continúa dependiendo de una infraestructura que fue diseñada hace más de cinco décadas para una demanda muy diferente.
En 2024, el Gobierno presentó la privatización de RWZI como una vía para enfrentar precisamente esta problemática y señaló que AWSS tendría que invertir en una nueva instalación de tratamiento con capacidad considerablemente mayor.
Ahora, el cuestionamiento vuelve a centrarse en los resultados concretos de ese modelo de financiamiento. MEP exige transparencia sobre el dinero recaudado y reclama que los recursos se traduzcan en una solución definitiva para la infraestructura de aguas residuales.
El planteamiento de Wever-Croes coloca así el foco sobre una contradicción: mientras los ingresos vinculados al turismo continúan llegando, la planta nueva que debía responder al crecimiento de Aruba sigue sin convertirse en una realidad.
