El Gobierno de Aruba acudió ante un juez para solicitar que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la Refinería de Aruba (RDA), después de que el Ministerio Público decidiera no continuar con el caso.
La medida fue confirmada este viernes 14 de agosto por el ministro de Justicia, Arthur Dowers, quien explicó que la administración presentó inicialmente una denuncia formal ante el Ministerio Público tras recibir información sobre posibles irregularidades en la refinería.
El Ministerio Público evaluó la denuncia y posteriormente comunicó que no iniciaría una investigación, entre otras razones debido a limitaciones de capacidad. Ante esta decisión, el Gobierno decidió utilizar el mecanismo legal disponible para solicitar la intervención judicial.
Según Dowers, la determinación de no investigar corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Sin embargo, la legislación permite recurrir ante un juez cuando la persona o instancia que presentó una denuncia considera que el caso debe ser revisado.
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El juez deberá decidir sobre la investigación
Con el recurso presentado, será ahora el juez quien determine si debe ordenarse al Ministerio Público iniciar o continuar una investigación sobre los indicios señalados en relación con RDA.
Dowers expresó su preocupación por la posibilidad de que la falta de capacidad pueda impedir que posibles irregularidades sean esclarecidas, especialmente cuando existen elementos que, a criterio del Gobierno, deberían ser examinados.
La administración señaló que respeta la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. No obstante, no comparte la decisión de no avanzar con las investigaciones y por eso decidió recurrir ante la justicia.
El procedimiento no significa que las posibles irregularidades hayan sido comprobadas. Hasta ahora se trata de indicios que el Gobierno busca que sean investigados formalmente, por lo que será el proceso correspondiente el que determine si existieron hechos irregulares.
La solicitud representa así un nuevo capítulo en el caso y traslada la decisión a la instancia judicial. El juez tendrá que valorar si corresponde ordenar al Ministerio Público retomar el asunto y realizar las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su posición de que los posibles hechos deben ser examinados, al tiempo que asegura respetar las competencias de las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia en Aruba.
