Las adicciones continúan siendo uno de los desafíos sociales y de salud pública que más preocupa en Aruba. Durante un debate parlamentario sobre adicciones y salud mental, el parlamentario Eduard Pieters planteó la necesidad de fortalecer la prevención como eje principal de la política nacional, señalando que actuar cuando el problema ya está avanzado resulta insuficiente para reducir su impacto en la comunidad.

Según lo expuesto en el Parlamento, el consumo problemático de sustancias trasciende el ámbito individual y repercute en la seguridad, la salud pública y la estabilidad de numerosas familias. Por ello, se insistió en que el Gobierno debe asumir un liderazgo más activo mediante una estrategia integral encabezada por el Ministerio de Salud, con participación de distintas instituciones del Estado.

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Plantean una estrategia integral para reducir el impacto social

Durante el debate se indicó que, en la actualidad, gran parte de la atención recae sobre la Policía, fundaciones y profesionales especializados, quienes enfrentan diariamente las consecuencias de las adicciones. La propuesta es que exista una mayor coordinación entre ministerios para desarrollar una respuesta nacional que no se limite únicamente a intervenir cuando los casos ya son graves.

La iniciativa plantea que la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reintegración formen parte de una misma política pública. El objetivo es disminuir el número de nuevos casos, facilitar el acceso a programas de recuperación y brindar mayores oportunidades para que quienes superan una adicción puedan reincorporarse plenamente a la sociedad.

También se destacó que fortalecer las campañas preventivas y la educación podría reducir el impacto de las adicciones a largo plazo. Una respuesta anticipada permitiría atender los factores de riesgo antes de que se conviertan en problemas de mayor complejidad para las personas, las familias y las instituciones encargadas de atender estas situaciones.

Finalmente, durante la discusión se reiteró que la prevención debe ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas públicas, con un enfoque coordinado entre las diferentes entidades gubernamentales. La intención es avanzar hacia una estrategia que no solo responda a las consecuencias de las adicciones, sino que también contribuya a evitar que más ciudadanos desarrollen este tipo de problemas.