La fracción del Partido Patriótico Arubano (PPA) formalizó sus cuestionamientos sobre el contrato de AWG 2,1 millones financiado mediante Aruba Tourism Authority (ATA) y solicitó al Gobierno presentar la documentación que demuestre que el proceso se realizó conforme a la ley.
El líder de la fracción, Eduard Pieters, confirmó durante su conferencia semanal que el PPA envió una carta oficial al Consejo de Ministros, por medio del primer ministro Mike Eman, con copia al ministro correspondiente.
La solicitud surge después de una reunión pública en el Parlamento sobre el contrato relacionado con la recolección de residuos. Según Pieters, el partido recibió algunos documentos, entre ellos un contrato con EcoTech y un “Request for Support”, pero considera que todavía falta información esencial.
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PPA cuestiona la licitación y la base legal
Uno de los principales puntos señalados por Pieters está relacionado con el artículo 21 de la legislación que establece Aruba Tourism Authority, que, según el parlamentario, exige cumplir con las reglas de licitación pública para contratos de esta magnitud.
El PPA sostiene que durante el debate parlamentario no se presentó evidencia suficiente de que se haya realizado ese procedimiento.
El partido también solicita una copia de la ministeriële beschikking (MB) que, según Pieters, debe demostrar oficialmente la instrucción mediante la cual el ministro habría encargado a ATA financiar el proyecto, conforme al artículo 20 de la misma ley.
Además, cuestiona si la utilización de fondos de ATA para este proyecto se encuentra dentro de sus objetivos legales y plantea preocupaciones sobre transparencia y buena gobernanza.
Pieters rechazó que el PPA esté intentando detener el proyecto o “criminalizar” al Gobierno.
“Yo no acusé a nadie. Pedí documentos”.
El parlamentario también enfatizó que los AWG 2,1 millones no pertenecen al ministro ni al PPA, sino al pueblo de Aruba, por lo que considera que el Parlamento tiene la responsabilidad de supervisar su uso.
Según Pieters, el partido no está en contra de mejorar la gestión de residuos, sino de cualquier procedimiento que no respete la legislación.
El PPA analizará la respuesta oficial del Gobierno y los documentos solicitados antes de determinar sus próximos pasos parlamentarios y legales.
“No buscamos confrontación. Buscamos claridad”.
