El Gobierno de Venezuela inició un nuevo proceso de excarcelaciones de presos políticos este martes en Caracas, como parte de una ley de amnistía que contempla la liberación de cerca de 300 personas en los próximos días, según anunció la Asamblea Nacional en medio de tensiones políticas y presión internacional.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó la medida y el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, la ejecutó al anunciarla, al explicar que las autoridades liberaron a personas detenidas por distintos motivos, entre ellos edad avanzada, enfermedades y casos judiciales revisados recientemente, en un contexto de reconfiguración política interna
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Primeras liberaciones tras años de prisión
La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, identificados como víctimas de hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2002, quienes permanecieron más de 20 años en prisión tras una condena por su presunta participación en disparos contra manifestantes.
Uno de los liberados, Erasmo Bolívar, envió un mensaje tras salir de prisión en el que pidió fortaleza a los familiares de otros detenidos y reconoció las dificultades del proceso de reintegración luego de más de dos décadas privado de la libertad.
Las autoridades también otorgaron libertad condicional a un grupo de aproximadamente 16 personas vinculadas al caso conocido como “Pdvsa Obrero”, relacionado con trabajadores de la industria petrolera y otros civiles detenidos en distintos procesos judiciales. Estas liberaciones no formaron parte directa de la amnistía, sino de revisiones administrativas y solicitudes legales.
En paralelo, el proceso de excarcelaciones ha generado reacciones encontradas entre organizaciones de derechos humanos, que insisten en que aún permanecen más de 400 personas detenidas por razones políticas, mientras el Gobierno sostiene cifras más amplias de beneficiarios.
El anuncio de estas medidas coincide con la muerte y despedida de Carmen Navas, madre de un detenido fallecido bajo custodia estatal, cuya historia se convirtió en símbolo de resistencia para familiares de presos en Venezuela, en medio de llamados a continuar las liberaciones sin exclusiones.
