El gobierno de Venezuela afirmó que se enfrenta a una guerra no declarada tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el mar Caribe. Las autoridades venezolanas califican esta situación como una amenaza militar directa, luego de que Washington informara de la eliminación de varias embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, con un saldo de 14 muertos desde principios de septiembre. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que las operaciones se realizan para combatir el tráfico de drogas, aunque no especificó si todas las acciones ocurrieron cerca de aguas venezolanas.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe sin derecho a defensa. Durante un balance sobre ejercicios militares iniciados en La Orchila, indicó que con tanta tecnología y poder, Estados Unidos no logró interceptar las embarcaciones antes de atacarlas, cuestionando la legalidad de estas acciones. Por su parte, Trump difundió un video en Truth Social mostrando un ataque contra una presunta lancha del narcotráfico, donde murieron tres individuos, y señaló que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur, que abarca el Caribe y América Latina.
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Venezuela inició ejercicios militares de 72 horas en La Orchila, lanzando misiles y cohetes, en respuesta al despliegue estadounidense. Según Padrino, las maniobras buscan mostrar la capacidad defensiva del país ante cualquier amenaza. En medio de la tensión, el dirigente opositor Henrique Capriles se pronunció como antiguerra, declarando que la solución no es militar sino política. Capriles enfatizó que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia, evitando que la población civil sufra las consecuencias de la confrontación.
El fiscal general, Tarek William Saab, solicitó que la ONU investigue los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos, tras los ataques a embarcaciones de pescadores. Saab calificó el uso de misiles y armas avanzadas contra civiles indefensos como una violación grave del derecho internacional. El canciller Yván Gil confirmó que Venezuela elevó la situación al Consejo de Seguridad de la ONU, exigiendo el cese inmediato de operaciones militares en el Caribe. Por su parte, el embajador venezolano ante la ONU, Alexander Yánez, presentó la posición del país, denunciando que Washington busca sembrar terror entre los pescadores y la población venezolana, reforzando la tensión diplomática existente desde 2019, año en que se interrumpieron las relaciones bilaterales.
