Un grupo de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador reapareció públicamente en Caracas para exigir que se les permita impugnar los cargos que motivaron su expulsión. Reclaman limpiar su nombre y obtener justicia.
La solicitud surge luego de un fallo de una corte federal estadounidense, que ordenó al Gobierno diseñar un mecanismo para garantizar el debido proceso a migrantes deportados sin juicio previo. La decisión abre una nueva etapa legal.
Según relataron, fueron parte de un grupo de 252 venezolanos expulsados en marzo bajo acusaciones de presuntos vínculos con la banda criminal Tren de Aragua. Los detenidos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.
Los afectados aseguran que nunca se les presentaron pruebas, ni se les permitió defenderse ante un tribunal. Afirman que la deportación se ejecutó de forma expedita, bajo la invocación de una legislación excepcional del siglo XVIII.
El entonces presidente Donald Trump recurrió a la ley de enemigos extranjeros de 1798, una norma histórica que permite expulsiones rápidas en contextos extraordinarios. Los exprisioneros sostienen que su aplicación fue arbitraria y desproporcionada.
Durante una rueda de prensa en Caracas, representantes de los afectados leyeron un comunicado en el que pidieron tanto a Estados Unidos como a El Salvador cumplir plenamente la orden judicial. Señalaron que buscan verdad, no confrontación.
“El objetivo es limpiar nuestros nombres y que se reconozca que fuimos víctimas de una acusación colectiva”, expresaron. Insistieron en que las preguntas no siempre son acusaciones, pero siempre necesitan respuestas claras y verificables.
La resolución judicial estadounidense cubre, por ahora, a 137 de los 252 venezolanos deportados, aunque no está claro si todos los afectados se adhieren formalmente al reclamo. El tribunal sugirió audiencias incluso fuera de territorio estadounidense.
Algunos de los exprisioneros afirmaron que no desean regresar a Estados Unidos, sino obtener una rectificación oficial. Aseguran que la estigmatización les ha causado daños personales, familiares y laborales difíciles de revertir.
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El reclamo por reparación y responsabilidades
Entre los testimonios, destaca el de Arturo Suárez, de 34 años, quien afirmó que lo ocurrido marcó su vida de forma irreversible. Señaló que espera una solución justa y humana, conforme a derecho internacional.
Otros exprisioneros denunciaron malos tratos y presuntas torturas durante su reclusión en la megacárcel salvadoreña. Aseguran que permanecieron incomunicados, sin acceso a abogados, ni información clara sobre su situación legal.
El caso ha tenido derivaciones legales adicionales. En julio, un barbero venezolano de 27 años presentó una demanda civil contra Trump, reclamando 1,3 millones de dólares por los daños sufridos tras su encarcelamiento.
Los voceros del grupo subrayaron que este no es un reclamo político, sino una exigencia de justicia y reparación. Afirman que el fallo judicial representa una oportunidad para restablecer derechos básicos vulnerados.
Mientras esperan respuestas concretas, los exprisioneros insisten en que el debido proceso no es negociable. Aseguran que seguirán alzando su voz hasta que se esclarezca su situación y se restituya su dignidad.
