Familiares del exconcejal venezolano José Manuel García Sabino piden una investigación formal tras su muerte ocurrida bajo custodia policial en Anaco, estado Anzoátegui. El hecho se registró el fin de semana dentro de los calabozos de la Policía Municipal, donde el exfuncionario permanecía detenido por razones que organizaciones de derechos humanos califican como políticas.

El caso ha generado preocupación por las circunstancias en que fue hallado el cuerpo y la falta de una versión oficial clara sobre lo ocurrido en el centro de detención.

De acuerdo con el relato de su padre, Jose Manuel fue encontrado muerto en condiciones que aún no han sido esclarecidas por las autoridades. El familiar exige que se determine si se trató de un suicidio o si hubo intervención de terceros dentro de las instalaciones policiales.

Organizaciones como Foro Penal señalan que este caso eleva a 20 el número de personas detenidas por motivos políticos que han muerto bajo custodia en Venezuela desde 2014.

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Denuncias de persecución y falta de respuestas oficiales

El entorno del exconcejal sostiene que su detención estuvo vinculada a denuncias de presuntos hechos de corrupción dentro de la alcaldía de Anaco, lo que refuerza la tesis de una posible motivación política en el caso. El exfiscal Zair Mundaray, actualmente en el exilio, también ha señalado que la detención de García Sabino sería “claramente política”, lo que ha intensificado el debate sobre el uso del sistema penal en estos procesos.

Las autoridades no han emitido hasta el momento un informe oficial detallado sobre la causa de la muerte y enterraron el cuerpo en una zona rural del municipio Simón Bolívar, en la ciudad de Barcelona. La falta de claridad ha alimentado las exigencias de la familia y de organizaciones de derechos humanos que piden una investigación independiente.

El caso se suma a otros episodios similares registrados en el país, reabriendo el debate sobre las condiciones de los detenidos bajo custodia estatal y la necesidad de garantías procesales más sólidas. Por ahora, los familiares insisten en que el caso no debe cerrarse sin respuestas verificables que aclaren lo ocurrido dentro de los calabozos.