El caso por fondos de una fracción política
La investigación judicial se originó tras un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que alertó sobre movimientos de dinero vinculados presuntamente a fondos destinados a una fracción política. Según la acusación, parte de esos recursos terminó en cuentas relacionadas con Howell.
Durante el proceso, la Fiscalía General solicitó al Tribunal mantener la condena inicial, al considerar que existían elementos suficientes para demostrar que Howell había utilizado de manera irregular una alta suma de dinero. También sostuvo que las explicaciones presentadas sobre pagos en efectivo no fueron satisfactorias.
La Fiscalía cuestionó además las facturas entregadas durante la investigación y afirmó que algunas presentaban irregularidades. Por ello, pidió confirmar la sentencia dictada originalmente el 24 de marzo de 2023, cuando Howell había sido condenado a 24 meses de prisión, seis de ellos condicionales.
Por su parte, la defensa argumentó que no existían pruebas suficientes para una condena y cuestionó la forma en que se desarrolló la investigación. El abogado de Howell sostuvo que los fondos fueron utilizados dentro de acuerdos relacionados con las fracciones políticas y negó que existiera falsificación de documentos.
La defensa también señaló que los pagos en efectivo no constituían una irregularidad y cuestionó que algunos informes utilizados durante la investigación no fueran entregados completamente al equipo legal de Howell.
Finalmente, el Tribunal Superior redujo en un mes la pena establecida inicialmente y fijó la condena definitiva en 23 meses de prisión. Tras conocer la decisión, Alan Howell anunció que presentará una nueva apelación contra el fallo judicial.
