La vigilancia electrónica inicia en Aruba como un nuevo mecanismo dentro del sistema de justicia juvenil tras la firma de un convenio entre el Fiscal General de Justicia y el director de la Fundación de Libertad Condicional y Protección Juvenil de Aruba (SRJA).
El acuerdo da origen a un proyecto piloto denominado “Vigilancia Electrónica durante la suspensión de la detención preventiva”, conocido como pulsera electrónica. La medida comenzará el próximo 1 de julio de 2026 y estará dirigida a jóvenes entre 12 y 23 años que se encuentren bajo procesos judiciales. El objetivo principal es evaluar su funcionamiento como alternativa a la detención preventiva en casos específicos definidos por las autoridades.
El proyecto establece que la vigilancia electrónica no será aplicada de manera general, sino únicamente en aquellos casos en los que la detención preventiva pueda ser suspendida con recomendación de Reclassering. En estas situaciones, el juez podrá imponer el uso de la pulsera electrónica como condición, a solicitud del Ministerio Público.
El sistema permitirá supervisar mediante dispositivos digitales el cumplimiento de las condiciones impuestas, mientras el joven permanece en libertad a la espera de su proceso judicial. Con esta medida se busca reducir las consecuencias negativas que la detención puede generar en el desarrollo educativo, social y personal de los jóvenes involucrados.
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Supervisión, funcionamiento y evaluación del sistema
La SRJA será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso y deberá reportar directamente al Ministerio Público cualquier incumplimiento. Si se detecta una violación, la institución notificará de inmediato a las autoridades, quienes podrán solicitar al juez la finalización de la vigilancia electrónica y la aplicación de medidas más restrictivas.
Durante su implementación, el joven deberá permanecer en su domicilio registrado, salvo en horarios autorizados para actividades como asistir a la escuela, trabajar o recibir orientación. También podrán imponerse condiciones adicionales como reportes periódicos, prohibiciones de contacto o tratamientos específicos según el caso.
El programa piloto contempla además una evaluación oficial programada para el 1 de febrero de 2027, fecha en la que se analizarán sus resultados, su impacto en la reducción de la reincidencia y su efectividad dentro del sistema de justicia juvenil en Aruba.
Con este proyecto, las autoridades buscan fortalecer alternativas al encierro, combinando control judicial con oportunidades de reintegración social para los jóvenes bajo supervisión.
