Después de nueve meses sin responder por escrito, la ministra Croes contestó el 28 de agosto de 2026 preguntas parlamentarias relacionadas con su viaje en jet privado realizado a Curazao el 19 de noviembre de 2025. La respuesta confirma que la funcionaria asumió únicamente la tarifa de aterrizaje del vuelo, mientras continúan las interrogantes sobre quién cubrió los demás gastos.

El caso volvió a generar cuestionamientos porque, según la información difundida, durante los últimos meses se ofrecieron distintas explicaciones sobre el pago del viaje. La ministra habría mencionado anteriormente conceptos como “lift”, el pago completo del vuelo y posteriormente un “share cost”, antes de precisar ahora que su contribución correspondió al landing fee.

La tarifa de aterrizaje constituye solamente uno de los costos asociados con un vuelo privado. Entre los gastos restantes pueden encontrarse combustible, tripulación, servicios de handling y otros costos operativos, pero la ministra no indicó quién asumió esos pagos.

La funcionaria sostiene que esa información pertenece a su vida privada y que, por esa razón, no tendría que rendir cuentas sobre ella ante el Parlamento. Sin embargo, el caso también plantea interrogantes debido a que el viaje fue identificado como oficial.

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El punto central: quién pagó el resto

De acuerdo con la información presentada, el jefe de gabinete del ministerio confirmó mediante un correo enviado al Consejo de Ministros el 19 de noviembre de 2025 que se trataba de un viaje oficial.

La controversia se relaciona además con el Código de Conducta para Ministros, que establece obligaciones respecto a los costos de viajes oficiales cuando estos son asumidos, total o parcialmente, por terceros.

La posición presentada por la ministra es que dicho código no sería aplicable en este caso. La parte que cuestiona su respuesta considera, por el contrario, que esa interpretación es jurídicamente incorrecta y que el pago restante debe ser aclarado.

Otro elemento mencionado es la decisión de la Bezwaaradviescommissie LAR, que declaró fundada una objeción presentada por la fracción y determinó que la ministra había incumplido el principio de debido cuidado.

Según esa decisión, la funcionaria debía responder sustancialmente a las preguntas planteadas. La nueva respuesta representa un avance, pero deja pendientes interrogantes sobre el financiamiento del viaje.

Entre las principales preguntas que permanecen están quién pagó los costos restantes, bajo qué condiciones se realizó ese pago y cómo fue declarado conforme al Código de Conducta.

La líder de fracción Evelyn Wever-Croes sostiene que la solicitud no busca acceder a información bancaria personal, sino conocer los detalles de un pago relacionado con una función oficial.

Según su posición, cualquier información privada contenida en los documentos podría eliminarse. Lo que se solicita, afirma, es evidencia sobre cuánto se pagó, cuándo se realizó el pago y a quién fue entregado.

La ministra fue invitada 13 veces durante nueve meses para rendir cuentas ante el Parlamento, pero, según la fuente, no asistió a esas convocatorias.

Ahora, tras la respuesta escrita, la presidenta del Parlamento y la ministra deben establecer una fecha para abordar el asunto. De no concretarse, se plantea continuar mediante los mecanismos legales disponibles, incluida la posibilidad de acudir a la Corte y al Ministerio Público.

El caso mantiene abierta una discusión sobre la transparencia de los gastos vinculados a viajes oficiales. Las preguntas centrales siguen relacionadas con quién asumió el costo restante y cómo fue registrado ese pago.